El 25 de marzo de 2024, la Audiencia Nacional española ordenó suspender los servicios de Telegram, decisión que me parece absolutamente desproporcionada. Esta medida draconiana surge tras denuncias de varios gigantes mediáticos como Atresmedia, EGEDA, Mediaset y Telefónica, quienes acusan a la plataforma de facilitar la piratería.
¿El resultado? Millones de usuarios españoles nos quedamos sin acceso a una herramienta esencial. Los proveedores de servicios móviles nacionales deben bloquear completamente la aplicación, afectando al 19% de la población que la utilizamos regularmente.
Me indigna especialmente porque esta decisión del juez Santiago Pedraz parece más una censura digital que una medida equilibrada. Como bien señala Rubén Sánchez de FACUA: “Cerrar Internet porque algunos sitios web albergan contenido ilegal es como cortar todas las señales de televisión porque algunas redes se dedican a la piratería”.
El daño colateral es enorme. No solo afecta a usuarios individuales, sino también a empresas, organizaciones e instituciones que utilizamos Telegram legítimamente para comunicarnos y compartir información.
Esta suspensión plantea serias dudas sobre el equilibrio entre protección de derechos de autor y libertades digitales en España. Con más de 700 millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo, Telegram se encuentra ahora en una encrucijada legal mientras esperamos su respuesta oficial y posibles resoluciones judiciales.
Personalmente, creo que estamos ante un peligroso precedente que podría extenderse a otras plataformas digitales en el futuro cercano. La pregunta es: ¿realmente queremos un internet donde los grandes medios puedan silenciar plataformas enteras?
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España cierra temporalmente Telegram tras denuncias de medios
El 25 de marzo de 2024, la Audiencia Nacional española ordenó suspender los servicios de Telegram, decisión que me parece absolutamente desproporcionada. Esta medida draconiana surge tras denuncias de varios gigantes mediáticos como Atresmedia, EGEDA, Mediaset y Telefónica, quienes acusan a la plataforma de facilitar la piratería.
¿El resultado? Millones de usuarios españoles nos quedamos sin acceso a una herramienta esencial. Los proveedores de servicios móviles nacionales deben bloquear completamente la aplicación, afectando al 19% de la población que la utilizamos regularmente.
Me indigna especialmente porque esta decisión del juez Santiago Pedraz parece más una censura digital que una medida equilibrada. Como bien señala Rubén Sánchez de FACUA: “Cerrar Internet porque algunos sitios web albergan contenido ilegal es como cortar todas las señales de televisión porque algunas redes se dedican a la piratería”.
El daño colateral es enorme. No solo afecta a usuarios individuales, sino también a empresas, organizaciones e instituciones que utilizamos Telegram legítimamente para comunicarnos y compartir información.
Esta suspensión plantea serias dudas sobre el equilibrio entre protección de derechos de autor y libertades digitales en España. Con más de 700 millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo, Telegram se encuentra ahora en una encrucijada legal mientras esperamos su respuesta oficial y posibles resoluciones judiciales.
Personalmente, creo que estamos ante un peligroso precedente que podría extenderse a otras plataformas digitales en el futuro cercano. La pregunta es: ¿realmente queremos un internet donde los grandes medios puedan silenciar plataformas enteras?