Un tribunal de Puerto Rico multa a un hombre con $10,000 diarios por negarse a entregar 119 Bitcoin

Un tribunal federal puertorriqueño ha declarado en desacato a Juan Carlos Reynoso por su negativa a entregar 119.65 BTC valorados en aproximadamente $9.7 millones, imponiéndole una multa diaria de $10,000 hasta que cumpla con la orden de incautación.

El acusado enfrenta sanciones crecientes tras transferir los bitcoins incautados a otras carteras

El 4 de marzo de 2025, el juez Francisco A. Besosa dictaminó que Reynoso debe transferir los bitcoins a una cartera controlada por el gobierno o enfrentar sanciones cada vez mayores. Las autoridades estadounidenses habían obtenido una orden de incautación el 31 de enero, alegando que estos activos estaban vinculados a actividades criminales.

En vez de acatar la orden, Reynoso transfirió los bitcoins a múltiples carteras en menos de 24 horas, según muestran los registros blockchain citados en los documentos judiciales. El FBI rastreó los fondos después de confiscar su portátil en junio de 2024, que contenía software para una cartera hardware Ledger. Los fiscales sostienen que estas rápidas transferencias demuestran que Reynoso puede acceder a los fondos pero desafía deliberadamente al tribunal.

El juez rechazó el argumento de Reynoso sobre la violación de sus derechos constitucionales, citando un precedente de 2016 donde un acusado pasó cuatro años encarcelado por negarse a descifrar dispositivos. Según Besosa, transferir los bitcoins no implica autoincriminación, ya que la propiedad ya había sido establecida judicialmente.

Walter Reynoso, abogado del acusado, recibió la notificación pero no la revisó hasta pasada la fecha límite, alegando posteriormente engaño por parte de los fiscales. El tribunal desestimó este argumento calificándolo de “ignorancia deliberada” y denegó la moción para anular la orden.

¡Qué ironía! El sistema judicial intenta imponer su autoridad sobre una tecnología diseñada precisamente para evadir el control centralizado. Me pregunto si realmente entienden a lo que se enfrentan. Las autoridades pueden emitir todas las órdenes que quieran, pero sin las claves privadas, esos bitcoins permanecerán inaccesibles indefinidamente.

Reynoso, ciudadano peruano con un historial de problemas legales relacionados con narcotráfico y delitos financieros, parece estar dispuesto a pagar $10,000 diarios antes que entregar sus millones en bitcoin. Una apuesta arriesgada, pero comprensible si consideramos que podría enfrentar décadas en prisión si esos fondos revelan conexiones con actividades ilícitas adicionales.

Este caso evidencia la tensión fundamental entre la soberanía estatal y la autonomía financiera que proporciona Bitcoin. Pese a la transparencia de la blockchain, sin cooperación voluntaria, las autoridades se encuentran en un callejón sin salida tecnológico que ninguna multa o amenaza parece poder resolver.