Según informes, los reguladores del estado de Nevada, EE. UU., emitieron una "orden de cese" a una institución de cómplice de encriptación, alegando que su liquidez "es gravemente insuficiente" y que no puede cumplir con las obligaciones de retiro de los clientes. Los documentos judiciales muestran que la institución debe a los clientes más de 8 millones de dólares en fiat y 4 millones de dólares en activos de encriptación, con menos de 200,000 dólares en efectivo restantes en la cuenta.